• Primero, tenemos un sólido sistema financiero que supera los estándares internacionales de solvencia, provisionamiento y rentabilidad.
• Segundo, los agentes económicos internacionales siguen confiando en la economía española. Los flujos de inversión extranjera directa recibidos en el primer semestre del año así lo certifican. Se sitúan en cifras record, tanto la inversión total (29.514 millones de euros, desde los 9.199 millones de euros del primer semestre del año pasado), como la inversión productiva.
• Tercero, las empresas españolas están afrontado con éxito su proceso de internacionalización, que les permite diversificar riesgos. España es la octava economía emisora de inversión directa en el exterior y la sexta en exportación de servicios.
• Cuarto, tanto el sector público como el sector privado están comprometidos con la capitalización física, humana y tecnológica de nuestra economía, determinantes del crecimiento sostenido en el largo plazo, como se reflejará, de nuevo, en los Presupuestos de 2009.
• Quinto, existe margen para realizar una potente política fiscal contracíclica. La rigurosa gestión presupuestaria acometida en la anterior Legislatura capacita al Gobierno para que, en esta coyuntura desfavorable, lleve a cabo una política fiscal que permita impulsar la demanda interna y aumentar la liquidez de las empresas. El punto de partida es rotundamente más favorable que en los países de nuestro entorno: en 2007, superávit del 2,2 por 100 y deuda pública de tan sólo el 36 por 100 en relación con el PIB en España, frente al déficit del 1,8 por 100 y la deuda del 65 por 100 del PIB en las cuatro principales economías europeas.
• Sexto, demanda externa y productividad del trabajo. Las grandes ausentes del modelo de crecimiento español en el último ciclo han revertido su tendencia histórica: la demanda externa contribuye ahora al crecimiento (ha registrado en el segundo trimestre de 2008 una aportación positiva de tres décimas por primera vez desde el segundo trimestre de 2001) y la productividad del trabajo (con un crecimiento del 1,4 por 100, el mayor en los últimos doce años) suma ahora a la convergencia real de España con las principales economías de Europa.

Éstas son las fortalezas de la economía española, las que todo Gobierno tendría la obligación de hacer valer y las que mi Gobierno ha tratado de hacer valer desde el principio, porque, Señorías, a pesar de que el empeoramiento registrado en estos últimos meses ha sido más rápido e intenso de lo que la mayoría había previsto, como muestra la modificación sucesiva de las diversas previsiones, el Gobierno ha actuado desde el primer momento. Como era su obligación, pero lo ha hecho. Lo ha hecho desde el primer Consejo de Ministros de esta Legislatura y en los cinco meses transcurridos desde entonces ha sido el primer Ejecutivo europeo en aprobar un paquete tan ambicioso de medidas como para comprometer 65.000 millones de euros para los años 2008 y 2009. Debo reiterar esta afirmación que no fue desmentida por ningún grupo en la anterior comparecencia.

Hacemos lo que debemos, pero lo estamos haciendo sin adoptar ninguna medida que comprometa el futuro y de la que nos tuviéramos que arrepentir, y con el significado económico y político que ahora volveré a explicar, siendo conscientes también de que los efectos de estas medidas no son instantáneos, que se verán a medio plazo y que en ningún caso servirán para contrarrestar globalmente una situación internacional adversa.

El grueso de las medidas que dependen sólo del Gobierno está ya aprobado o en desarrollo y tendrán, en su caso, su oportuna plasmación en el Proyecto de Presupuestos que remitiremos a esta Cámara. Por eso, no esperen una nueva batería de anuncios o propuestas. No tiene sentido improvisar o aprobar todos los días nuevas iniciativas, pero el Gobierno permanece atento y analiza las diferentes posibilidades de actuación en función de la evolución de las circunstancias. Esto explica que les pueda ya adelantar que, en forma inminente, el Gobierno adoptará medidas adicionales en los dos ámbitos que marcan su preocupación dominante: la creación de empleo y la actuación en el sector que más provoca la destrucción de empleo, el inmobiliario. A ellas me referiré dentro de un momento.

Junto a las medidas vinculadas con el empleo, me referiré a continuación, en primer lugar, a las medidas para promover la competitividad de la economía española, esto es, medidas de apoyo a las empresas y de reforma de los mercados que contribuyan acelerar el cambio de patrón productivo iniciado en la Legislatura anterior; en segundo lugar, a las medidas para reforzar la cohesión social, la solidaridad, el apoyo a los ciudadanos y, en particular, a los que puedan encontrarse una posición más vulnerables; en tercer lugar, a las medidas de austeridad y, en cuarto lugar, al diálogo social y al empleo Por tanto, competitividad, políticas sociales y atención a la familia, austeridad y diálogo social y empleo son los cuatro vectores de la acción que impulsa el Gobierno para superar la situación de estancamiento en la que se encuentra la economía española.

Competitividad
En primer lugar, fomento de la competitividad.
Con el objetivo de mejorar las condiciones para que las empresas puedan llevar a cabo las inversiones productivas necesarias para superar la actual situación, en especial por el endurecimiento en el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas, el Gobierno ha activado un ambicioso programa que moviliza veinticuatro mil millones de euros de nuevos recursos hasta 2010.

Dentro de las actuaciones de fomento empresarial del ICO hacia las Pymes hay que señalar que el conjunto de líneas existentes han otorgado hasta septiembre un montante de 5.721 millones de euros en más de 74.000 proyectos de inversión, lo que representa el 72 por 100 del total aprobado para el presente año.

Además, entre los nuevos recursos destaca una línea adicional de tres mil millones de euros de avales con la garantía del Estado, destinados a facilitar la financiación de pequeñas y medianas empresas. Con estos avales ya se han constituido dos fondos de titulización y a final de año se espera haber movilizado activos por un importe superior a los 7.500 millones de euros, aumentando así la liquidez de las empresas. Estas líneas de crédito están funcionando bien y el Gobierno no descarta que, en función de la evolución de la situación, pueda ampliar sus objetivos y las condiciones de acceso a las mismas.

A partir de enero de 2009 entrará en vigor la modificación del sistema de devoluciones del IVA, que podrá ser mensual. A esta medida podrán acogerse cerca de 1.200.000 empresas, que ingresarán en torno a seis mil millones de euros a lo largo de 2009, sin tener que esperar a recibirlos en el momento de presentar la liquidación en 2010.

También quiero hacer mención a la reducción del Impuesto de Sociedades, que acaba de entrar en vigor plenamente. La segunda fase de reducción del tipo para las grandes empresas ha pasado en 2008 del 32,5 por 100 al 30 por 100, que se une a la reducción llevada a cabo en la anterior Legislatura donde se redujo el tipo de gravamen a las Pymes, del 30 al 25 por 100. Creo que es importante resaltar que mi Gobierno es el primero en la democracia que ha bajado los tipos del Impuesto de Sociedades y lo ha hecho de un modo compatible con las necesidades recaudatorias del Estado.
Junto a ello, hemos aprobado la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio por estimar que penalizaba innecesariamente el ahorro y ser un impuesto obsoleto. Debo recordar también que es el primer Gobierno de la democracia que decide la supresión del Impuesto del Patrimonio.

En el sector de la construcción la iniciativa del Gobierno se ha centrado en apoyar la reorientación del sector hacia áreas de actividad alternativas a la construcción de vivienda libre, en concreto al desarrollo de las Viviendas de Protección Oficial y de la rehabilitación, y a desarrollar el mercado del alquiler. Para ello, el Gobierno ha anunciado un conjunto de medidas que movilizarán hasta 2010 veinte mil millones de euros adicionales a la dotación presupuestaria del nuevo Plan de Vivienda 2009-2012.

En el ámbito de financiación para la adquisición de vivienda protegida, el ICO ha otorgado ya este año una línea de avales por importe de cinco mil millones de euros para titulizar préstamos hipotecarios destinados a Viviendas de Protección Oficial. Prueba del éxito de la convocatoria entre las entidades financieras es que su demanda ha superado los veinticinco mil millones de euros. La adjudicación se realizó el pasado mayo y se espera que los primeros fondos puedan salir al mercado en octubre. El Gobierno se ha comprometido a continuar esta línea de avales también por importe de cinco mil millones de euros anuales para 2009 y 2010.

Además, se ha modificado el Plan de Vivienda vigente para dotar a las Comunidades Autónomas de mayor flexibilidad para acordar con el sector privado la transformación de vivienda libre en vivienda protegida.

Igualmente, se impulsan las actividades de rehabilitación y mejora de la calidad de las edificaciones, contribuyendo así al objetivo de reducir la dependencia energética. A tal efecto, el Consejo de Ministros del 14 de agosto acordó la flexibilización de la mayoría requerida en las comunidades de propietarios para la realización de obras de mejora energética. Además, antes de fin de año el Ministerio de Vivienda presentará un nuevo marco normativo para impulsar la renovación y rehabilitación de edificios y viviendas, simplificando la normativa existente.

Con respecto al mercado de alquiler, el Consejo de Ministros del pasado día 14 de agosto aprobó, para su remisión al Consejo General del Poder Judicial, el Anteproyecto de Ley de reforma de las Leyes de Arrendamientos Urbanos, de Enjuiciamiento Civil y de Propiedad Horizontal, que dotará de mayor seguridad jurídica y garantías a los propietarios de viviendas, estimulando el mercado del alquiler.

Ahora les quiero exponer las dos nuevas iniciativas sobre el sector inmobiliario a las que antes me he referido. En primer lugar, se autorizarán sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. Se trata de sociedades cotizadas que gozarán de un régimen fiscal favorable, impulsarán el mercado de alquiler, facilitarán el acceso a la inversión en inmuebles al pequeño y mediano ahorrador, proporcionarán flexibilidad a las inversiones inmobiliarias de las empresas, aportarán liquidez a las inversiones inmobiliarias y, por lo tanto, contribuirán a dinamizar el mercado inmobiliario.

En segundo lugar, se pondrá en marcha una nueva línea de mediación del Instituto de Crédito Oficial, que también tendrá como objetivo impulsar la oferta de alquiler y facilitar el ajuste en el sector. En concreto, se les facilitará a los promotores inmobiliarios la transformación de sus préstamos para la construcción de viviendas en un préstamo a más largo plazo y, en contrapartida, aquellos se comprometerán a incorporar las viviendas al mercado de alquiler durante un período determinado de tiempo. Dicha actuación estará dotada inicialmente con tres mil millones de euros, que podrán ampliarse en función de la respuesta del mercado.

En definitiva, actuaciones concretas para mejorar la competitividad del sector inmobiliario, a la vez que se fomenta el mercado de alquiler y se proporcionan mecanismos de liquidez a las empresas que han acumulado importantes stocks inmobiliarios.

Junto a ello, la obra civil seguirá ofreciendo un área de actividad alternativa al sector y es un importante factor de mejora a medio y largo plazo de la productividad de la economía.

Además, para agilizar más la licitación en el Consejo de Ministros del pasado 14 de agosto se aprobó la reducción al máximo del tiempo de tramitación de las Declaraciones de Impacto Ambiental compatible con la tutela efectiva de los intereses medioambientales.

También les puedo anunciar que el Proyecto de Presupuestos cumplirá el compromiso de que en el año 2009 la inversión en infraestructuras crecerá por encima del promedio de incremento en el gasto público.

Por otra parte, el Gobierno se ha propuesto acelerar su programa de reformas estructurales. A este respecto, el Consejo de Ministros del 14 de agosto aprobó un calendario detallado de actuaciones, que afectan al sector del transporte, al de la energía y la lucha contra el cambio climático, y al de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Incluyen medidas sobre el transporte de mercancías por ferrocarril, un nuevo modelo de gestión aeroportuaria, el régimen económico y de prestación de servicios de los puertos, la reducción de nuestra dependencia del petróleo o el Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2011, que incluye una treintena de medidas concretas para reducir nuestras importaciones de petróleo en un 10 por 100.

Hemos comprometido una transposición exigente de la Directiva de Servicios europea presentando, antes del 31 de diciembre de 2008, el Anteproyecto de Ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios. Se trata de una reforma trascendental para mejorar la competitividad del sector servicios, que representa dos tercios del empleo, y reducir así nuestro diferencial de inflación. Una medida de su profundidad es que afecta a 80 leyes y 370 reales decretos en el ámbito de la Administración General del Estado.

En este contexto el Gobierno acometerá una reforma específica de los servicios profesionales. Para ello antes de final de año el Ministerio de Economía y Hacienda elevará al Consejo de Ministros un Anteproyecto de Ley para fortalecer el principio de libre acceso a estas profesiones, favoreciendo su ejercicio conjunto, suprimiendo restricciones injustificadas a la competencia, reforzando la protección de los usuarios y consumidores, e impulsando la modernización de los Colegios Profesionales, con cuyo concurso queremos contar para acometer la reforma.

En cuanto a la modernización de la Administración y la reducción de cargas administrativas, el Consejo de Ministros ha aprobado ya dos paquetes de reducción de cargas que permiten agilizar 83 procedimientos ahorrando tiempo y costes a ciudadanos y empresas. En este mismo ámbito de la modernización de la Administración el Ministerio de Economía y Hacienda presentará, antes del 31 de diciembre de 2008, una propuesta para revisar la normativa sobre organismos reguladores sectoriales, con el objetivo de reforzar su independencia, su capacidad de supervisión y su responsabilidad frente a los ciudadanos.

En definitiva, son reformas en sectores clave para mejorar la competitividad de nuestro tejido productivo y para preparar el camino a una senda de crecimiento sostenido.

Políticas sociales y de apoyo a las familias
Si este primer bloque de medidas tiene como finalidad proporcionar instrumentos para superar cuanto antes este período de dificultades y aprovecharlo para mejorar nuestro futuro, el segundo de los que abordo hoy, el de las políticas sociales y el del apoyo a las familias, atiende al principio básico para este Gobierno de que las dificultades no pueden sufrirlas en mayor medida los ciudadanos que se encuentran en una posición más vulnerable, de que en un periodo como éste es aún más necesario velar por la cohesión social y de que hay un imperativo de solidaridad para nosotros insoslayable.

Señorías,
Durante la anterior Legislatura con el esfuerzo de todos hemos conseguido un avance sin precedentes para la mejora de la protección social y la consolidación del Estado del Bienestar.

Ustedes conocen estos avances y los conocen también los ciudadanos: son los aumentos producidos en las pensiones más bajas y en el Salario Mínimo Interprofesional; la puesta en marcha del sistema de la dependencia; las ayudas por nacimiento de hijo; la garantía completa de la gratuidad de la educación infantil de tres a seis años; el permiso de paternidad; la Renta Básica de Emancipación o el programa de salud bucodental para niños.

Son decisiones y medidas que representan un enorme esfuerzo en políticas sociales y de apoyo a las familias, un enorme esfuerzo que hace la sociedad española para garantizar su propia cohesión, y son decisiones y medidas que vamos a mantener y consolidar como una salvaguarda particularmente valiosa en esta etapa dura y complicada que estamos atravesando.

No sólo eso, sino que nos proponemos, a pesar de las dificultades, cumplir con los compromisos sociales de nuevos avances suscritos para esta Legislatura. Así, vamos a subir las pensiones mínimas en 2009 un 6 por 100 de media, muy por encima de la subida del conjunto de las pensiones; vamos a destinar cerca de 1.200 millones de euros para dependencia en este mismo ejercicio; vamos a seguir haciendo un esfuerzo importante en materia de becas como piedra angular de la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, aumentando su cuantía para 2009 en un 6 por 100 de media y elevando el nivel de renta máximo para percibir la llamada beca general en un 27 por 100; y vamos a hacer un esfuerzo muy importante en educación infantil de cero a tres años, habiéndose ya aprobado para 2008 el reparto entre las Comunidades Autónomas de 130 millones de euros.

Lo reitero: en los Presupuestos del año 2009 todas las conquistas de la anterior Legislatura en materia de protección social se van a consolidar, se van a producir algunos nuevos avances y, además, será necesario hacer algún esfuerzo adicional directamente vinculado con las consecuencias del estancamiento, como lo que representa el incremento de la dotación para las prestaciones por desempleo.

Con el objetivo de mejorar la renta disponible de las familias, mermada apreciablemente por la subida de las hipotecas y la subida de los precios, el Gobierno está devolviendo seis mil millones de euros, un billón de las antiguas pesetas, a más de dieciséis millones de contribuyentes por la vía de la deducción de cuatrocientos euros en el IRPF que se aplica a asalariados, pensionistas y autónomos. Quiero resaltar que la primera mitad de la devolución se produjo a finales de junio, por lo que no se ha reflejado en los datos de consumo y de crecimiento del segundo trimestre. El Gobierno está convencido de que está teniendo un efecto anticíclico, que evitará una mayor caída del consumo y, en general, de la actividad en el segundo semestre del año.

Por tanto, segundo bloque de medidas: medidas de política social y de apoyo a las familias como red de protección frente a las consecuencias más adversas del estancamiento económico.

Austeridad
Señorías,
Para mantener el gasto social en un escenario fiscal en el que los ingresos del Estado bajan es necesario utilizar coyunturalmente, y con la máxima prudencia, el margen presupuestario del que disponemos. Es necesario eso y, además, un gran esfuerzo de austeridad con las cuentas públicas.

La exigencia de la austeridad enmarca así el tercer bloque de medidas, cuya proyección determinante se producirá, puesto que se ha adoptado ya alguna medida de no disponibilidad en el presente ejercicio, en el Proyecto de Presupuestos de 2009.

En primer lugar, en los Presupuestos del próximo año el crecimiento del gasto no financiero, excluido el desempleo, no superará el 3,5 por 100, por debajo del límite aprobado por el Congreso en junio, que fue del 5 por 100.

Con este objetivo el Gobierno ha anunciado a lo largo de 2008 determinadas medidas para contener el incremento del gasto público: en concreto, la congelación de los salarios de los altos cargos dependientes de la Administración General del Estado y de los altos directivos de las sociedades empresariales, organismos y fundaciones públicas. Esta medida, acordada recientemente, tiene, sobre todo, una finalidad ejemplarizante de moderación en los gastos corrientes, que ya ha tenido eco positivo en esta Cámara y en otras Administraciones.

También se reducirá la Oferta de Empleo Público de 2009 en un 70 por 100 respecto a la Oferta de 2008. No obstante, la reducción de la Oferta no afectará en igual medida a los servicios públicos esenciales, especialmente de seguridad, justicia e inspección de trabajo.

Por último, el crecimiento de los gastos corrientes para el funcionamiento de la Administración General del Estado, recogidos en el Capítulo II de los Presupuestos, no sólo no aumentará, sino que se reducirá respecto a lo presupuestado en 2008 en alrededor de un 2 por 100.

Por otro lado, el partido que sustenta el Gobierno ha pedido al resto de los dirigentes en otras Administraciones que la austeridad también se extienda a ellas. Es evidente que para que la estrategia de austeridad sea efectiva es necesaria la contención del gasto en los tres niveles de gobierno: central, autonómico y municipal.

Empleo y Diálogo Social
Señorías,
Paso a referirme al bloque relativo a las medidas en favor del empleo que se están gestando en el marco del diálogo social.

Cuando llegamos al Gobierno en 2004, los dos principales problemas del mercado de trabajo en España eran el escaso volumen de empleo, principalmente femenino, y la alta precariedad laboral. Así, la tasa de empleo de 16 a 64 años era del 61,6 por 100 y la femenina era del 48,6 por 100, ambas por debajo de la media europea, y la tasa de temporalidad era del 32 por 100.

En aquel momento nos comprometimos a que la política social y laboral del Gobierno pasara a través del dialogo social y, por ello, una de mis primeras actuaciones como Presidente fue la firma de la Declaración para el Dialogo Social 2004, cuyo principal objetivo era mejorar la calidad y la estabilidad en el empleo.

Durante la Legislatura pasada se crearon casi tres millones de empleos, las mujeres ocuparon el 58,2 por 100 de los mismos, lo que permitió que la tasa de empleo femenina aumentara en 7,4 puntos, situándose en el 56 por 100, y la tasa de paro se situó en el nivel más bajo desde hacía treinta años, en torno al 8 por 100.

Por otro lado, desde la entrada en vigor de la reforma laboral en julio de 2006 hasta la fecha se han sucrito más de 4.700.000 contratos indefinidos, de los cuales más de dos millones, el 44 por 100, son conversiones de contratos temporales. Todo ello ha permitido situar la tasa de temporalidad en el 29 por 100, su nivel más bajo en los últimos quince años.

Como consecuencia del brusco frenazo económico de los últimos meses, la situación del mercado de trabajo en España ha cambiado de signo con la misma brusquedad. En el último año el paro ha aumentado en más de medio millón de trabajadores, más de un tercio provenientes del sector de la construcción. El aumento del paro ha sido más de tres veces superior a la destrucción del empleo, lo que significa que nuestro mercado de trabajo no es capaz de absorber el crecimiento de la población activa tal como lo hacia antes, una población activa que, por cierto, continua creciendo en más de 670.000 trabajadores al año, un 3 por 100 en términos interanuales.

La reducción del empleo en el último año se debe principalmente a la contracción del sector de la construcción residencial y al menor crecimiento en el sector servicios. En agosto de 2008 el ajuste del empleo en la construcción deja cerca de trescientos mil afiliados menos respecto al mismo mes de 2007. Por el contrario, el resto de los sectores muestra un incremento interanual que alcanza los 150.000 nuevos afiliados, cerca de un 1 por 100. Da una idea clara de la gran concentración de la pérdida de empleo cómo se está produciendo en el sector de la construcción.

Señorías,
Estoy convencido de que, si el dialogo social jugó un papel importante en época de bonanza, en estos momentos de dificultad es más necesario y útil aún.

El pasado mes de julio firmé con los interlocutores sociales una nueva Declaración que, para afrontar la actual situación, se fija como prioridades la creación de empleo y el establecimiento de las condiciones necesarias para el desarrollo de un nuevo crecimiento equilibrado y duradero basado en la mejora de la competitividad.

Las bases de nuestro modelo productivo deben ser la innovación, el desarrollo tecnológico y el valor añadido como elementos esenciales para aumentar la productividad, el empleo y su calidad. Por eso se ha acordado una sustancial ampliación de los ámbitos de participación del dialogo social.

En todo caso, los temas más apremiantes en el corto plazo son los relacionados directamente con el empleo. En primer término, la modernización y la coordinación de los diversos Servicios Públicos de Empleo, potenciando con todos los agentes la intermediación en el mercado de trabajo, así como las políticas de empleo para facilitar el reciclaje profesional y la recolocación de los desempleados.

En segundo lugar, ya está en marcha la contratación, por parte de las Comunidades Autónomas, de 1.500 orientadores profesionales para apoyar a los trabajadores desempleados y las ayudas económicas durante el período de búsqueda de empleo y para la movilidad geográfica, correspondientes al Plan Extraordinario de Medidas de Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral que, con un presupuesto de 201 millones de euros, fue la primera medida adoptada por el Gobierno ante las primeras evidencias de crecimiento del desempleo.

Por otro lado, el Gobierno pretende racionalizar, coordinar y potenciar todas las políticas activas existentes. En este momento existen más de veinte programas de empleo, cuya dotación, la más importante hasta la fecha, asciende a 5.200 millones de euros, es decir, un 40 por 100 superior al disponible en el año 2004.

Nuestro objetivo es poner todos los instrumentos disponibles para dar respuesta a las necesidades de los desempleados, mejorando sus oportunidades de empleo. Esta iniciativa será presentada en breve en el ámbito del diálogo social para aumentar la eficacia de los planes en la mejora de la empleabilidad.

A ella se añadirá una propuesta de ampliación del actual Plan de Empleo que, elevando su presupuesto total hasta los 1.106 millones de euros, logrará la capacitación y adecuación profesional de cien mil desempleados, mediante su contratación para realizar obras o servicios de utilidad social y su participación en acciones formativas. Con ello se trata de promover actividades para que el tiempo de paro sea útil para las personas en desempleo y para la sociedad. Estos cien mil desempleados serán contratados para desarrollar su actividad en talleres de empleo y en trabajos encargados, fundamentalmente, por las Corporaciones Locales, que verán incrementadas por esta vía sus recursos en el próximo ejercicio.

Otra de las tareas prioritarias a abordar en el marco del diálogo social es el impulso a la Formación Profesional, porque para poder avanzar hacia un modelo de crecimiento basado en la economía del conocimiento es imprescindible reformar el actual modelo de Formación Profesional. No es razonable, Señorías, que el porcentaje de alumnos que cursa la FP en España sea diecisiete puntos inferior a la media de la Unión Europea. Necesitamos una Formación Profesional que facilite a estudiantes, trabajadores y desempleados la adquisición de las habilidades y los conocimientos necesarios para la inserción laboral, y que, a su vez, favorezca la movilidad.

Los Ministerios de Educación y Trabajo presentarán a los interlocutores sociales iniciativas para aumentar la red de centros integrados de Formación Profesional y la mejora de sus dotaciones, tanto de equipamiento como de infraestructuras; implantar la Red de Centros de Referencia Nacional de las veintiséis familias profesionales en las distintas Comunidades Autónomas, y reconocer las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral.

En definitiva, Señorías, vamos a dar una batalla por el empleo y la vamos a dar concertadamente quienes podemos librarla con eficacia: los agentes sociales trabajadores y sus representantes, los sindicatos, y empresarios, y sus representantes, las organizaciones de la patronal y, por supuesto, el Gobierno en todo momento. Vamos a dar una batalla para frenar la destrucción de empleo y para cualificarlo mejor.

Señorías,
Termino ya. Desde mi última comparecencia ante ustedes se ha acentuado el rápido e intenso empeoramiento de la economía internacional que vivimos desde hace unos meses, aproximadamente desde hace un año, desde agosto de 2007; también de la española, y todo apunta a que va a continuar en los próximos trimestres, que van a ser duros y complicados.

En particular, son preocupantes los últimos datos del desempleo, a los que de ninguna manera nos vamos a resignar. El empleo es el principal objetivo del Gobierno, que se siente responsable de él ante los ciudadanos, y el marco del diálogo social es el más útil para hacerle frente. Junto a ello, el Gobierno está convencido de que el conjunto de las medidas adoptadas servirá para mejorar nuestro modelo productivo y para recuperar la senda del crecimiento en cuanto el contexto internacional sea más favorable.

Vamos a perseverar en ello para obtener frutos y vamos a mantener y reforzar nuestra protección social para que no sufran más las dificultades quienes son más vulnerables a ellas. Lo haremos con un notable esfuerzo de austeridad y utilizando el margen presupuestario del que dispongamos.

Éste es el rumbo de la economía española, el rumbo para afrontar este período difícil, pero también el rumbo para superarlo con una fortaleza renovada. Señorías, quiero transmitirles que tengo plena seguridad y plena confianza en que esto va a ser así; que atravesaremos un período de dificultad, con el máximo apoyo desde el Gobierno a las familias, a los trabajadores y a los sectores más débiles, pero que encararemos la recuperación con un esfuerzo colectivo en donde trabajadores y empresarios van a estar, como siempre, a la altura de las circunstancias que merece España.

Muchas gracias.